Más de 500,000 personas enfrentan un nuevo escenario migratorio en Estados Unidos. La administración de Donald Trump avanzó con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, luego de una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras crisis permanecer y trabajar temporalmente en Estados Unidos, además de protegerlos de una posible deportación. Sin embargo, no otorga residencia permanente ni ciudadanía, por lo que al finalizar el beneficio muchos de sus beneficiarios pueden quedar nuevamente en condición migratoria irregular.
El impacto será diferente en cada país. En Haití, alrededor de 300,000 personas estarían amparadas por este programa; en Honduras, la cifra rondaría las 80,000 y el gobierno prepara mecanismos para facilitar un eventual retorno. En el caso de Venezuela, unas 300,000 personas podrían verse afectadas, mientras que alrededor de 5,000 nicaragüenses también enfrentan incertidumbre sobre su futuro.
La medida forma parte de la política migratoria impulsada por Trump, quien durante su campaña prometió reducir los programas que permiten la permanencia temporal de extranjeros en territorio estadounidense.
El fin del TPS vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a miles de familias: qué pasará con quienes llevan años trabajando, construyendo una vida y formando hogares en Estados Unidos.